Por Álvaro Sepúlveda Franco
“Los recursos de la salud son sagrados;
son para el cuidado de la vida,
no para la corrupción ni para los negocios”.
Carolina Corcho
Los intentos por reformar el actual sistema de salud de Colombia empiezan desde el momento mismo en que entró en vigencia la Ley 100, presentada por el entonces senador Álvaro Uribe Vélez y prácticamente calcado del Sistema de Salud de Chile. Son casi 30 años de discusiones, foros, contrapropuestas, por parte de agremiaciones médicas y no médicas (como la Cumbre Social y Política y el Pacto por la Salud y la Vida), movimientos sociales, ligas de usuarios, etc., frente a un modelo que es fiel reflejo del espíritu neoliberal que animó su creación en 1993. Desde la perspectiva de ese modelo, el manejo en la prestación de servicios básicos –y la salud lo es– ha de ser sustraído a los Estados y entregado al mercado, y la conformación de grandes conglomerados empresariales privados que se han lucrado con los recursos públicos que en muchos casos terminaron en gastos suntuarios y corrupción de sus administradores a costa del dolor y sufrimiento de muchos colombianos.
Esto se ha hecho en la mayoría de los países de América y de Occidente desde hace por lo menos 40 años, desde finales de los 70s e inicios de los 80s. La salud, así, deja de ser lo que estipula la Constitución de 1991, un derecho fundamental (al igual que sus determinantes sociales: seguridad alimentaria, agua, vivienda, cultura, saneamiento básico, ambiente sano, trabajo decente…), para convertirse en un bien de mercado, en una mercancía.
La Ley 100 amplió la cobertura en el territorio nacional, quizá su único beneficio, al tiempo que permitió el enriquecimiento de algunos empresarios e inversionistas del país y del exterior. Ha generado, entre otros efectos negativos, miles muertes previsibles, cierres de clínicas y centros hospitalarios públicos y privados, malversaciones y quiebras multimillonarias, deshumanización de la práctica médica, deterioro de las condiciones laborales y salariales de los trabajadores y trabajadoras de la salud, múltiples barreras de acceso a la atención sanitaria que obligan a que se interpongan infinidad de tutelas, presentándose la situación irónica y paradójica de que son los jueces los que ordenan los tratamientos y operaciones costosas, no las juntas científicas de médicos.
Los movimientos sociales y algunas agremiaciones médicas y de salud pública basan sus propuestas de reforma estructural del sistema de salud en los siguientes aspectos esenciales: a) No a la intermediación financiera b) Eliminación de la Empresas Prestadoras de Salud -EPS- c) Modelo de atención primaria en salud, integral, familiar, comunitaria, intersectorial e interseccional. d) Administración de recursos por entidad pública -ADRES- descentralizada y con un fuerte control social f) Dignificación de las condiciones de empleo y trabajo de los trabajadores de la salud, es decir, acabar con la precarización laboral, además, de una política de talento humano que, de respuesta a las necesidades de salud, atención de salud y tradiciones culturales de la población. Entre otros.
Es frente a ese caos, a esa ineficiencia, que el gobierno del cambio, el de Gustavo Petro y Francia Márquez, con el liderazgo de la ministra Carolina Corcho radicó en el Congreso de la República un proyecto de Ley con cambios estructurales, que ha suscitado numerosas controversias y que ha iniciado ya el trámite parlamentario; se debatirá primero en la comisión séptima de la Cámara de Representantes, luego en la Plenaria de la Cámara, después en la comisión séptima del Senado, y por último en la Plenaria del Senado.
En la Ley 1751 del 16 de febrero de 2015 se declara la salud como derecho humano fundamental, y esa Ley es mencionada en el programa de gobierno del Pacto Histórico refrendado en las urnas por más de once millones de colombianos. El candidato Petro utilizaba el eslogan “Salud para la vida, no para el negocio”, y prometía garantizar “el derecho fundamental a la salud a través de un sistema único, público, universal, preventivo y predictivo, participativo, descentralizado e intercultural, que no dependa de la capacidad de pago, la rentabilidad económica ni de la intermediación administrativa y financiera”. Además, proponía recuperar la autoridad sanitaria, crear un fondo único de salud y redes integradas e integrales de salud, dignificar a los trabajadores y reconocer el papel de la mujer en el sector, incorporar la salud en el trabajo, desplegar “un plan de choque intersectorial para enfrentar el hambre y la desnutrición, superar los efectos de la pandemia y reducir la mortalidad materna, perinatal e infantil”, y luchar contra la corrupción.
Entre los puntos más trascendentales del articulado de la Reforma radicada el pasado 13 de febrero, de 18 capítulos 150 artículos, están: La creación de centros de atención primaria (eje de la propuesta) privados y mixtos con énfasis en territorios abandonados, el énfasis en un esquema preventivo y predictivo, el enfoque en los determinantes sociales de la salud, la construcción de un sistema único de información, el costo (cerca de 40 billones de pesos), el giro del dinero directamente a los proveedores del servicio, la transformación de la Adres, la disposición de Nueva EPS como receptora de afiliados durante la transición del sistema, El cambio de rol de las EPS. Que ingresaran aun régimen de transición y evolución (no su eliminación como se había dicho inicialmente, excepto 10 de ellas de las 25 actualmente existentes), el diseño de un régimen laboral especial para los trabajadores de la salud, el tránsito de un modelo poblacional a uno territorial, la formalización del personal asistencial y administrativo de 928 hospitales públicos durante cuatro años, y la implementación de un sistema público de información en línea.
Pese a la declaración de la Ministra de Salud y Protección Social, Carolina Corcho, en el sentido de que este debate debe sustraerse de las pugnacidades propias de la polarización, pues “lo que está en el centro de la discusión es la vida de los colombianos, que es un bien público superior, que debe estar por encima de cualquier diferencia política y social”, cada uno de estos puntos ha tenido objeciones por parte de funcionarios y exfuncionarios, de voceros del gremio médico, de los partidos políticos y de opinadores o comentaristas en los medios de comunicación. En la mayoría de los casos desinformando por cuanto están al servicio de los grupos económicos, principales perjudicados con los cambios propuestos.
Las anunciadas reformas a la Reforma, tan polémicas como ella misma, hacen que nos preguntemos cuál va a ser el contenido final del texto que se apruebe tras su debate durante semanas o meses en Cámara y Senado. ¿Será muy distinto al inicialmente propuesto por la Ministra, y a lo prometido en campaña? ¿En qué se ha cedido frente a gremios empresariales y fuerzas políticas? ¿Hay interés por parte de los partidos Cambio Radical, la U, Centro Democrático u otras agrupaciones partidistas en cambiar el espíritu básico de la Reforma? ¿El presidente Petro hace pactos ineludibles para poder negociar luego las otras Reformas como la laboral y pensional de su programa? Frente a la continuidad de las EPS, por ejemplo, ¿no es válido evocar al Gatopardo de Lampedusa, “que todo cambie para que todo siga igual”?
Es por esto, por lo que instamos a acudir al diálogo social contemplado en la ley estatutaria de participación ciudadana (Ley 1757 de 2015), mecanismo del que dispone la sociedad civil para promover la comunicación, consulta y seguimiento a las políticas públicas. También es preciso discutir el articulado con los movimientos sociales y los sectores populares, y de modo especial emprender una labor de pedagogía. Debemos seguir defendiendo la Reforma desde las acciones colectivas como foros, audiencias públicas, marchas, plantones, medios alternativos y redes sociales contra los embates de los congresistas con intereses particulares, los gremios empresariales y algunas agremiaciones de especialistas, quienes ya no tendrán la salud como un negocio.
Santiago de Cali, febrero de 2023
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